Desde el primer momento, la legislación del
plebiscito para Puerto Rico en el 2017 ha creado serios debates. Primero fue la
papeleta con dos columnas dispuesta por la Ley 7 del 2017 para esa consulta (Una
columna para la Estadidad y otra columna para la Libre Asociación/Independencia).
Ante esa papeleta, se cuestionó que se
excluyera al Estado Libre Asociado (ELA), con su trasfondo histórico que le
valida y las posturas tradicionales para su crecimiento desde su propia
naturaleza. Como fruto del debate, lo peor fue un junte de izquierda en la
columna de Libre Asociación/Independencia.
Eso fue lo peor por favorecer la exclusión del
ELA y por tratarse de una mogolla ponzoñosa y engañosa. Es ponzoñosa, no por
quienes legítimamente creen en el mayor gobierno propio, sino por quienes
buscan crearle votos en forma fraudulenta a la alternativa separatista que es
el peor de todos los caminos, que no convence y no gana. Ene se junte, no se
toleraba la ruta del boicot ni disidencia alguna.
Luego llegó la opinión del Departamento de
Justicia Federal en la línea de que debía incluirse al ELA. Se cambió la
papeleta para incluir una opción territorial ajena a la jurisprudencia sobre el
ELA como convenio (con el nombre de “Actual Status Territorial”), y el Partido
Popular Democrático tomó la ruta de boicot, pero en defensa de la definición
del ELA que históricamente ha defendido, y no en la línea equivocada del
junte-mogolla de izquierda. Más adelante, se oficializó la quiebra de Puerto
Rico. La deuda y los problemas económicos del
presente (que han originado una Junta de Control Fiscal) fueron causados por
malas prácticas administrativas que hay que corregir, no por el ELA.
Unos plantean que está bien celebrar la
consulta, y otros plantean que se debe buscar un consenso entre todos los
partidos y un aval federal. Unos plantean que no es el momento para bregar con
el status político, y otros plantean que es el mejor momento para bregar con
eso. Unos ven que bregar con el status pude proveer herramientas de desarrollo
económico, y otros manipulan el tema para tratar de lograr beneficios del caos
(tratar de imponer lo que no lograrían por la vía electoral).
Es respetable que una
persona decida acudir a votar el 11 de junio con el razonamiento de buscar una
ruta que potencie una mayor restauración integral del país. Es respetable que
una persona decida no acudir a votar el 11 de junio (que es la ruta del boicot)
con el razonamiento de que el proceso se debió dar en mejor forma.
Lo que no es
respetable, es fomentar un boicot en los lineamientos del junte de izquierda, o
promover un estilo de paro que bloquee los centros de votación (serían los peores
precedentes seguir los estilos del extremismo o impedir ejercer el derecho al
voto).
Lo irónico es que el
que los del junte apoyen ahora el boicot que antes rechazaban, no equivale a que
se puso fin al debate ideológico que hay que resolver en el PPD para afirmarse
en sus mejores raíces; y de prevalecer el boicot, no elimina la controversia
sobre el status político y la necesidad de un Pacto Social (lo que es el
acuerdo de todos los partidos para implantar -indistintamente de resultados
electorales- iniciativas fundamentales para el crecimiento real y el pleno
progreso de la patria)
Votar o no votar en el plebiscito, es cuestión
de conciencia en cada elector; pero ciertamente mucho hay que hacer por una
Isla con tantos problemas y un notable éxodo. No apoyo un paro nacional para el
día de la consulta plebiscitaria porque los paros nada bueno adelantan ante la
naturaleza de la crisis, la violencia agrava problemas, la perspectiva
izquierdista resulta ser obsoleta, y formar grupos frente a las escuelas para
intimidar e impedir el ejercicio del voto sería conducir al país a un abismo.
Ante todo debate y todo camino, la búsqueda de
perfeccionar la unión de Puerto Rico con Estados Unidos es una buena meta.
