De lo que no se quiere hablar…
De lo que no se quiere hablar es de lo que más hay que hablar. Veamos en este momento algo sobre Comunidades Espaciales:
El interés que ha expresado Sila María Calderón Serra para ayudar a las comunidades necesitadas, no sólo armoniza con su sensibilidad como mujer y con la razón del ser del Partido Popular Democrático de Puerto Rico, sino con lo que manifestaba en su participación en pro de la comunidad de la península de Cantera, en un proyecto de rehabilitación y desarrollo socio-económico.
De esa experiencia, se alentó su compromiso programático para la elección general del 2000. Su compromiso decía: “La primera prioridad de mi gobierno será para las Comunidades Especiales de todo Puerto Rico. Propongo un programa que dará alas a la riqueza humana que existe en estos sectores para propiciar que se levanten y tomen su futuro en sus manos”.
Con tan loable propósito, fue electa Gobernadora del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Así, la Ley 1 del 1 de marzo de 2001, dice: “Para crear la ‘Ley para el Desarrollo Integral de las Comunidades Especiales de Puerto Rico’, a fin de establecer la política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en lo relativo al desarrollo integral de las comunidades especiales del país; establecer guías a considerar para identificar a las comunidades especiales; crear la Oficina del Coordinador General para el Financiamiento Socio Económico y la Autogestión, el cargo de Coordinador General, el Fondo para el Desarrollo Socio Económico de las Comunidades Especiales y el Consejo para las Comunidades Especiales; y para asignar recursos para la organización de la Oficina y el inicio del Programa”.
La “Exposición de Motivos” de esa Ley, lo que establece la intención legislativa, comienza así: “Las transformaciones económicas que han ocurrido en Puerto Rico en las últimas décadas han producido unos beneficios de los cuales no han participado por igual todos los sectores del país. Cientos de miles de puertorriqueños viven en condiciones de pobreza, infraestructura básica, condiciones ambientales inaceptables, estado de vivienda deficientes, alto índice: de conducta delictiva, violencia doméstica, maltrato y abuso de menores, embarazo en adolescentes y el uso y abuso de sustancias controladas entre otros, totalmente inaceptables para una sociedad civilizada, que no han logrado acceso a las oportunidades de desarrollo tanto en lo económico como en lo social. Estas condiciones de vida están presentes en bolsillos de pobreza, áreas urbanas, en barriadas aisladas en sectores rurales y en muchas familias que viven en residenciales públicos”.
Dice también: “Es imperativo que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y sus municipios modifiquen su enfoque de intervención y sustituyan su función o desempeño tradicional de estado patemalista por un modelo que incorpore la capacidad y voluntad de trabajo de las comunidades en la solución de sus problemas. Esta ley reconoce que el desarrollo de las comunidades especiales debe ser protagonizado por ellas mismas constituyéndose en agentes de cambios eficaces, capaces de establecer y lograr la consecución de sus metas y objetivos dirigidos al logro de una mejor calidad de vida. La política pública aquí enunciada establece que el Coordinador General, los departamentos, corporaciones públicas, agencias y municipalidades del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, tienen el deber y la responsabilidad de actuar de forma integrada y mediante un enfoque sistémico e interdisciplinario, para promover el desarrollo de las Comunidades Especiales”.
Vemos en esa base, que la mayor falla de un esfuerzo bien intencionado, está que lo de Comunidades Especiales tiende a estigmatizar; a marcar que toda comunidad con el rótulo de “Comunidad Especial” es inherente a los problemas mencionados en el primer párrafo de la “Exposición de Motivos” de la Ley. Algo así no da alas a la riqueza humana que existe en estos sectores para propiciar que se levanten y tomen su futuro en sus manos.
Algo así fomenta la estigmatización y segregación, y añade a los barrotes que separan a residenciales públicos, barrios y comunidades de su propio municipio. Quien vive en la “Comunidad Especial” recibe una etiqueta, y quien vive cerca de una “Comunidad Especial” ve depreciar su propiedad, no por los residentes y vecinos, sino por lo establecido en la Ley.
Se perdió de perspectiva que quien vive en una Comunidad Especial desea tener acceso a las mismas oportunidades y derechos que todos los residentes de la Isla. Un buen ejemplo lo tenemos en la Educación Especial, cuyo objetivo es capacitar para integrar a los estudiantes con necesidades especiales a la corriente regular, para no mantenerlos aislados de por vida. La Ley que nace de un buen compromiso de campaña, debió basarse en la igualdad y en lograr que comunidades de diferentes socio-económicos logren comunicarse, entenderse y apoyarse.
Si vemos un ejemplo, el residencial público de hoy en Puerto Rico no es lo mismo de antes. El concepto de residencial público no ha fracasado, lo que falló fue el no fomentar una nueva conciencia en quienes abandonaban peores condiciones de vida; se puede perfeccionar para superar todo lo asociado al arrabal y fomentar el crecimiento y progreso integral. La prueba de que la idea del residencial público es buena en principio, está en las nuevas comunidades con edificios a los que se les ha bautizado por el pueblo como “cacheríos”.
Los residenciales públicos que en un inicio se concibieron como vivienda temporera y se edificaron cerca de sectores pudientes para integrarlos, han pasado a ser vivienda permanente para muchos que tienen ingreso bajo o moderado y no pueden pagar otra vivienda. Hay muchos en el residencial que estudian, trabajan, pagan renta, aportan al país, y merecen respeto y consideración. Veo que hace falta un nuevo mensaje en las comunidades, en que también haya testimonios de sanidad, restauración y lecciones de abundancia y prosperidad.
Aspirar a prosperar no es malo, es bueno. De hecho, en San Juan 10:10, Jesús dice que vino para que tengamos vida en ABUNDANCIA. Fomentar el progreso, la sana abundancia, la igualdad, la justicia social y la excelente calidad de vida es algo humano y cristiano.
La forma en que Luis Muñoz Marín atendió comunidades, Luis A. Ferré dio título de propiedad a los parceleros, y el Plan Ponce en Marcha de la administración de Rafael Hernández Colón comenzó rehabilitando viviendas en el sector Betances de la Ciudad Señorial, confirma que se puede hacer obra de atención al pueblo sin burocratizar ni estigmatizar, sino con dignificar y elevar el orgullo propio para construir y consagrar.
Si se desea hacer más que obras de rehabilitación, en los Centros Sor Isolina Ferré tenemos el mejor modelo de educación, formación y restauración. Ahí el objetivo no es estigmatizar, sino dar oportunidades, inspirados en lo que dijo San Irineo: “La gloria de Dios es el hombre y la mujer en su plenitud”. No hay que reinventar la rueda, hay que ver lo que funciona.
El hecho de que Jorge Santini, alcalde de San Juan, desarrollara una “Oficina de Comunidades al Día”, confirma que no está mal la esencia de la idea de las “Comunidades Especiales” y que se puede lograr ponernos de acuerdo para iniciativas de avanzada que fructifiquen.
Legítimo y urgente es investigar sobre el empleo de los fondos del programa de Comunidades Especiales; que brillen la justicia y la debida acción correctiva. Tan necesario o más que eso, es hablar de lo que no es habla, que es hacer enmiendas a la Ley y al programa para eliminar los enfoques, las expresiones, las acciones y los rótulos estigmatizantes y de segregación. Que se fomente una mayor autoestima por el verdadero nombre e historia de sus comunidades, que les integre al impulso turístico, educativo, empleador y de civilización más civilizada, con el ritmo y sazón de comunidades prósperas y excelentes en vez de especiales y aparte. Que esa nueva conciencia de crecimiento, pleno desarrollo e igualdad ante Dios, ante la ley y ante todos, haga brillar a Puerto Rico como Isla del Cordero. Dios ilumine a todos.
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